PSA Panamá es un operador portuario localizado en la antigua base naval de Rodman, en la ribera occidental de la entrada del Pacífico del Canal de Panamá. PSA Panamá se dedica a prestar servicios portuarios a los buques, especializándose en el manejo de carga y descarga de contenedores con los mejores estándares de la industria. Inició operaciones atendiendo la carga de productos de hierro y otros suministros utilizados para la expansión del Canal de Panamá en 2010, mientras que las operaciones de contenedores iniciaron formalmente en 2012.
El Contrato de Concesión de PSA Panamá fue aprobado por la Asamblea Nacional a través de la Ley 36 de 19 de junio de 2008, en donde el Estado panameño firmó un contrato con PSA Panamá para la operación de un puerto en el área de la antigua base naval Rodman. Con esto, el Estado permitió la construcción y operación de una terminal portuaria con capacidad para 450,000 TEUs (unidad equivalente a 20 pies) en la entrada del Pacífico del Canal.
Luego, en el 2013, PSA Panamá y el Estado, representado por la AMP, evaluaron un nuevo contrato de concesión, el cual se convertiría en un nuevo Contrato Ley mediante la aprobación de la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, reemplazando de esta manera el Contrato Ley 36 de 19 de junio de 2008. El objetivo del Contrato Ley es aumentar la capacidad operativa del puerto a 1, 850,000 TEUs, operar y administrar la terminal portuaria, realizar una inversión de al menos $371 millones de dólares (PSA Panama superó esto monto, invirtiendo más de $615 millones de dólares en la Fase I y II) y crear empleo para los panameños.
El proceso del nuevo Contrato Ley concluyó en 2015 con las distintas aprobaciones y permisos por todas entidades correspondientes y regula los términos y condiciones de la concesión. Este contrato comprende mayoritariamente el marco legal de PSA Panamá, al igual que la legislación aplicable, la cual que incluye, sin limitación, la Ley 56 de Puerto de 2008 y el Código PBIP.
No, el Estado de Panamá no tiene la obligación de convocar una licitación pública para otorgarle a una empresa una concesión de construcción y operación de una terminal portuaria.
Es importante señalar que el compromiso de inversión de PSA Panamá, está contractualmente regulado, en donde la Tesorería de Panamá, además de los cánones de la concesión, deriva ingresos fiscales adicionales a través de la expansión de las operaciones de PSA Panamá.
El procedimiento implementado en el caso del Contrato Ley de PSA Panamá no es exclusivo. Distintos operadores portuarios en la zona del Canal actualmente tienen acuerdos similares, que han sido establecidos a través de los mismos procesos y pasos que ha realizado PSA Panamá para el Contrato Ley.
PSA Panamá es una empresa privada subsidiaria de PSA International, uno de los grupos portuarios líderes a nivel global. PSA International está registrada en la República de Singapur como una entidad privada por acciones según lo dispuesto en la ley de Sociedades de Singapur. Asimismo, PSA International es una corporación con capacidades suficientes para ejercer todas las funciones de una empresa registrada. PSA International no es una entidad gubernamental o semi-gubernamental del Gobierno de Singapur. Es una entidad autónoma, tanto legalmente como financieramente, que opera bajo derecho civil y comercial. PSA International tiene operaciones en 16 países; siendo PSA Singapur y PSA Antwerp las operaciones insignia de la empresa.
Anteriormente, PSA significaba Autoridad de Puertos de Singapur y funcionaba como una directiva estatuaria encargada de regular, desarrollar, operar y promover la terminal del puerto de Singapur.
En 1996, las funciones de regulador de la Autoridad de Puertos de Singapur se entregaron a la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur. Luego en 1997, PSA Corporation Limited se incorporó como sucesora corporativa para las operaciones portuarias de las terminales situadas en Singapur. En 2003, PSA International pasó a ser un holding de inversiones para las empresas de PSA en Singapur y en todo el mundo.
En el 2008, PSA International empezó a evaluar oportunidades de expansión de su red portuaria, especialmente en Panamá, y comenzó las negociaciones para construir un terminal.
El Estado. El Contrato Ley no es una transferencia de propiedad o título del área donde se está desarrollando el terminal de contenedores. Dentro del alcance del Contrato Ley, las tierras están bajo el completo control y título del Estado panameño en todo momento.
Desde 2015, se han presentado distintas denuncias en contra de PSA Panamá y/o el concesionario previo, PIMPSA, que han sido desestimadas. Estas denuncias han involucrado suposiciones de: irregularidades en el contrato de arrendamiento y concesión de la tierra del área Rodman, falta de cumplimiento con los procesos de licitaciones públicas, auto asignación entre partes que tienen un accionista en común, injustas exoneraciones fiscales, entre otras.
No obstante, consistentemente los casos conclusos han reiterado, por parte de las autoridades competentes, la legalidad del Contrato Ley entre el Estado y PSA Panamá. En general, estas denuncias han carecido validez legal o insuficiente evidencia. Más importante aún, la Corte Suprema de Panamá ha dictaminado en dos ocasiones que las disposiciones previamente denunciadas del Contrato Ley entre PSA Panamá y el Estado son, en efecto, constitucionales.
El Parque Industrial Marítimo de Panamá S.A. (PIMPSA) es una compañía privada registrada en Panamá y previa concesionaria del área de la antigua base naval de Rodman.
PSA Panamá, en el proceso de inversión en el sector logístico de Panamá, identificó que en la ribera occidental del Canal existe una alta demanda de capacidad para atender a buques entrantes. Por consiguiente, PSA le ofreció a PIMPSA arrendar el Polígono 4 para la construcción y operación de un terminal de contenedores. Este acuerdo se pactó con el Contrato Ley No. 36 firmado en junio 19 de 2008, entre la Autoridad Marítima de Panamá y PSA Panamá. Se hizo oficial el Contrato Ley con la publicación de la Gaceta Oficial No. 26,066 de junio 20 de 2008.
En 2013, PSA Panamá decidió iniciar el proceso de expansión del puerto para lo cual era necesario incrementar el área de concesión, y solicitar un nuevo Contrato Ley. Como concesionario del área de Rodman, PIMPSA rescindió la concesión que tenía sobre algunos de los polígonos, los cuales volvieron al control del Ministerio de Economía y Finanzas, quien los transfiriera a la AMP para que ésta firme y conceda el área de concesión a favor de PSA Panamá.
Serviamérica, Corp., es una empresa que tuvo la intención de construir y operar un puerto multimodal al lado de la antigua base naval de Rodman, con primera opción de compra.
A ese fin, Serviamérica solicitó a la Unidad de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas que le concediera un contrato de arrendamiento con inversión sobre el polígono. Aún con el visto bueno del Consejo de Gabinete, el contrato no se perfeccionó, por lo que no hubo ejecución alguna de este proyecto.
En marzo 2015, el abogado y político Miguel Antonio Bernal, denunció la Resolución de Gabinete que aprobó el Contrato de Arrendamiento e Inversión entre el Ministerio de Economía y Finanzas y Serviamérica, Corp.
Bernal argumentó que el proceso de adjudicación violaba los procedimientos de licitación pública normales / estándares y que Serviamérica estaba adquiriendo el terreno a un precio inferior a su valor de mercado. La denuncia fue evaluada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación y juzgada por el Juzgado Segundo del Circuito Penal de Panamá, y fue desestimada por las autoridades competentes al determinarse que el Contrato de Arrendamiento e Inversión no tenía validez legal dado que no fue ejecutado.
Por otro lado, en julio de 2017, Cochez y Martínez presentaron una denuncia ante la Procuraduría General, solicitando una investigación sobre el proceso de adjudicación de la concesión previa y actual del área de Rodman. Los alegatos remarcaban que la administración pública abusó su autoridad y actuó de forma inadecuada. También cuestionaron que hay una supuesta asociación entre PIMPSA, Serviamérica y PSA, para auto-asignarse un acuerdo de concesión.
Sin embargo, la Procuraduría General desestimó la denuncia ya que previamente se habían juzgado estas acusaciones, a favor de PSA Panamá.