La segunda querella que interpuso el abogado Miguel Antonio Bernal trataba de una denuncia contra el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal, ex Ministro de Economía, Frank De Lima, ex Jefe de la Unidad de Bienes Revertidos, Juan Carlos Orillac, ex administrador Jorge Barakat Pitti y miembros de la Comisión Interinstitucional para la Unidad de Bienes Revertidos, creada por el Decreto Ejecutivo No. 13 de 5 de febrero de 2007, por irregularidades en el Contrato de Arrendamiento e Inversión para la concesión de la tierra en el área de Rodman. En esta querella se estaba alegando daños pecuniarios, corrupción, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario.
El 27 de abril de 2015, Bernal presentó una denuncia en la Procuraduría General cuestionando la validez de la Resolución N. 39-14 del Ministerio de Asuntos Económicos, lo que le permite asignar el uso y la administración a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de ciertas tierras con el propósito específico de establecer nuevos contratos con PSA. Bernal argumenta que la resolución aprueba una asignación entre partes que tienen un accionista común, lo que lleva a una autoasignación del concesionario en beneficio de los accionistas de ambas compañías, creando una triangulación.
Resolución:
El reclamo generó tres procesos separados en diferentes tribunales.
Por un lado, la denuncia del ex presidente Ricardo Martinelli fue procesada ante el Tribunal Supremo. El Tribunal no admitió la queja ya que se consideró que carecía de pruebas que respaldan el reclamo presentado. Ninguna acción adicional fue requerida.
En cuanto a la investigación del administrador de AMP, Sr. Jorge Barakat, ante la Procuraduría General de la República, la Oficina pasó por el proceso de revisión de la queja y concluyó el proceso descartando el reclamo y archivando el asunto.
En la investigación de otras partes involucradas ante la Oficina Anticorrupción, la Oficina Anticorrupción no encontró ninguna base para los reclamos presentados y no presentó una acusación formal. Como resultado, la Oficina Anticorrupción desestimó provisionalmente el caso, que luego fue confirmado por el Juzgado Undécimo Penal de Panamá.