El 24 de agosto de 2017, Guillermo Cochez y Víctor Martínez presentaron un acta de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, alegando que el Contrato Ley No. 2 es contraria al Artículo 290 de la Constitución de Panamá, para obtener la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 2 de 2015.
La denuncia alega que, mediante el Contrato Ley, el Estado le habría otorgado dominio a PSA Panamá sobre bienes del Estado y que el gobierno de Singapur mantiene intereses en dicha empresa. Cabe mencionar que una concesión, por definición, no es una transferencia de dominio, por lo contrario, tiene una figura similar a la de un alquiler.
El 1 de octubre de 2018 la Corte Suprema emitió una Resolución notificando que no admitieron la demanda de inconstitucionalidad propuesta de forma conjunta por los licenciados Guillermo Cochez y Víctor Martínez.