El 23 de febrero de 2016, Alexis Zuleta presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, declarando que las disposiciones del Contrato Ley que se citaron violaron los artículos 18, 159, 259, 276 y 316 de la Constitución de la República de Panamá.
Zuleta basó las presuntas violaciones alegando que por medio de una triangulación poco ortodoxa, se realizó una reconversión de otro acuerdo de concesión entre el Estado, PIMSA, y PSA. Citó que según el art. 259 de la Constitución de Panamá, toda explotación de tierra, subsuelo, bosque, uso del agua (...) deberá ser utilizada en el mejor interés social y público. Adicional, señaló que las exoneraciones fiscales otorgadas a PSA son inconstitucionales, y que la Asamblea Nacional excedió sus facultades al aprobar un contrato en el que el Estado es parte.
Resolución
Como parte del proceso, se corrió traslado de la demanda al Procurador General, quien confirmó que dicho Contrato Ley seguía todos los pasos requeridos por las leyes de Panamá y que la Asamblea Nacional sólo tenía derecho de aprobarlas o rechazarlas. La Corte Suprema dictaminó, con 8 votos a favor y una abstención, que las disposiciones del Contrato Ley impugnadas por Zuleta son, en efecto, constitucionales.