Desde el inicio de PSA Panamá, hemos operado el puerto bajo una concesión adjudicada por el Estado de Panamá. De acuerdo a lo acostumbrado, las concesiones son un marco legal que el Estado de Panamá ha otorgado a varios operadores de puertos situados en la antigua zona del Canal.
Sin embargo, a pesar de la licencia social y legal de PSA Panamá, algunos empresarios y políticos han intentado intervenir en contra de esta concesión para avanzar distintos intereses. En este espacio, expondremos las denuncias resueltas y otras acciones que estamos implementando para blindar la operación portuaria ante estos casos.
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A través de la Ley 36 del 19 de junio de 2008, la Asamblea Nacional aprueba el Contrato de Concesión celebrado con el Estado Panameño, que autoriza a PSA la operación del Puerto en Rodman.
La terminal comenzó a operar en 2010 recibiendo suministros, entre ellos material de herrería, destinado a la ampliación del Canal de Panamá.
Fuente de la imagen: PSA Panama
PSA da a conocer su interés en expandir la operación y añadir un área adicional de 31 hectáreas para este propósito.
Fuente de la imagen: Capital Financiero
AMP solicita a la Unidad de Bienes Revertidos del MEF llevar a cabo los procedimientos necesarios para transferir a la AMP el área que se asignaría a la concesión de PSA.
Fuente de la imagen: La Estrella de Panamá
AMP y PSA convienen en celebrar un Contrato Ley para la construcción y operación de una terminal portuaria, mediante previo aval de la Contraloría General y aprobación de la Asamblea Nacional.
Fuente de la imagen: Sitio web de AMP
El Consejo de Gabinete aprueba a través de la Resolución No. 58 de 8 de abril de 2014 el contrato entre AMP y PSA, y se autoriza a la Secretaría de la Presidencia a presentar el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, una vez la Contraloría lo refrende.
Fuente de la imagen: Tu Política
La Contraloría le comunica a la AMP que el área dada en concesión a PSA todavía está en concesión de PIMPSA (antigua concesionaria de los terrenos). De acuerdo ello, se debe culminar primero el trámite de la adenda con PIMPSA para liberar los bienes y posteriormente concederlos a PSA.
Fuente de la imagen: Panamá Today
La Contraloría solicita al Ministerio de Economía y Finanzas culminar el trámite de adenda con PIMPSA para otorgar a PSA la concesión.
Fuente de la imagen: D Panamá News
El 28 de octubre, la Contraloría avala el Contrato Ley A 2005-2014 entre el Estado Panameño y PSA.
Fuente de la imagen: TVN Noticias
El Gabinete autoriza al Ministro de la Secretaría de la Presidencia a proponer ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley que aprueba el Contrato A 2005-2014 entre el Estado Panameño y PSA.
Fuente de la imagen: BL Es News
El órgano legislativo aprueba en primer debate el Proyecto Ley N°122 que aprueba el Contrato A 2005-2014 entre el Estado Panameño y PSA.
Fuente de la imagen: Panamá Today
El 10 de febrero se sanciona la Ley 2 que aprueba el Contrato A 2005-2014, suscrito entre el Estado Panameño y PSA.
Fuente de la imagen: Crítica
ACP y PSA celebran un contrato de concesión sobre un área aledaña a los terrenos dados en concesión por parte del Estado Panameño, en la Base de Rodman.
Fuente de la imagen: La Estrella de Panamá
El abogado y político, Miguel Antonio Bernal cuestiona la validez de la resolución del MEF que le asigna a la AMP el uso y administración de ciertas tierras para celebrar el Contrato Ley con PSA. La Oficina Anticorrupción solicitó el despido provisional del caso, que luego fue confirmado por el Undécimo Juzgado Penal de Panamá.
Fuente de la imagen: TVN Noticias
PSA inició la expansión de la terminal para aumentar la cantidad de naves y el volumen en carga.
Fuente de la imagen: La Estrella de Panamá
Alexis Zuleta, ex Director de Licitaciones Públicas, presentó una demanda ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para anular el Contrato A-2005-2014, argumentando que la AMP no ofreció un procedimiento de licitación pública para otorgar la concesión. El Tribunal Supremo falló a favor de PSA y el caso fue despedido, ya que la ley de concesiones no requiere una licitación pública para otorgar una concesión.
Fuente de la imagen: Diario Las Américas
Zuleta interpone una nueva denuncia ante los nueve jueces de la Corte Suprema, declarando que las disposiciones del Contrato Ley violaban artículos de la Constitución Nacional, manifestando que la Asamblea Nacional excedió sus facultades al aprobar un contrato donde el Estado es partícipe. La Corte Suprema solicitó una opinión de la Contraloría General, la cual confirmó que la ley seguía todos los pasos requeridos y la Asamblea solo tiene derecho de aprobarlo o rechazarlo. La Corte Suprema falló a favor de PSA estableciendo que el Contrato Ley es constitucional.
Fuente de la imagen: Agencia EFE
Crispiano Adames, diputado PRD de la Asamblea Nacional, presenta el Proyecto de Ley N°39 para derogar la Ley 2 del 10 de febrero de 2015, argumentando que el Contrato Ley no fue debatido por completo en la Asamblea. El Comité de Asuntos Económicos no discutió el Proyecto de Ley durante el último término legislativo y expiró.
Fuente de la imagen: Metro Libre
Irving Ríos, diputado de la Asamblea Nacional por el partido PRD, presenta el Proyecto de Ley N°81 para derogar la Ley 2 del 10 de febrero de 2015. Este proyecto expiró ya que el Comité de Asuntos Económicos no lo debatió.
Fuente de la imagen: Tu Política
Zuleta presentó un pleito ante el Tribunal Supremo manifestando que el Contrato Ley tiene cláusulas inconstitucionales ya que se le da derecho a PSA de cobrar tarifas comerciales y decidir precios para que cualquier importador/exportador use la terminal. El Procurador General declaró que ninguna cláusula puede entenderse como un privilegio dado que la compañía está proporcionando un servicio dentro de un marco comercial en un país de libre competencia. La Corte Suprema se pronunció a favor de PSA, declarando que las cláusulas del Contrato Ley no son inconstitucionales.
Fuente de la imagen: La Prensa
Los abogados Guillermo Cochez y Víctor Martínez presentaron una demanda ante el Fiscal General de Oficina Criminal para solicitar que se investigue el proceso de adjudicación de una concesión anterior y actual del área de Rodman, señalando además una supuesta asociación entre PIMPSA y PSA. Se desestimó el caso toda vez que las alegaciones utilizadas ya fueron juzgadas en casos anteriores, por ende la Oficina Criminal desestimó la denuncia.
Fuente de la imagen: Elclick.news
Cochez y Martínez presentaron un pleito de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema alegando que PSA adquirió el dominio de una parte de la tierra nacional y que PSA tiene relaciones con el Estado de Singapur. Asimismo, alegaron que en el Contrato Ley se otorga una concesión a una compañía en la que un gobierno extranjero mantiene intereses económicos. La admisión de este pleito está pendiente por la Corte Suprema.
Fuente de la imagen: Órgano Judicial
El 19 de abril de 2018, mientras la Asamblea debatía el Proyecto de Ley N° 53 relacionado con actividades comerciales en áreas residenciales, el diputado Roberto Ayala, miembro del PRD introdujo en dicho proyecto de ley, un artículo que deroga el Contrato Ley de PSA y el proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea sin ningún debate. El artículo 148 del manual de regulación interna de la Asamblea estipula que no está permitido incorporar a una ley una disposición no relacionada.
Fuente de la imagen: TVN Noticias
El 29 de mayo de 2018, el presidente Juan Carlos Varela vetó el Proyecto de Ley 53 de 2018, que derogaba la concesión del puerto de PSA objetando, entre otros, el artículo 6 de dicho proyecto que derogaba la Ley 2 de 2015. La Presidencia de la República explicó que la Constitución, en su artículo 276, prohíbe a la Asamblea expedir leyes que deroguen o modifiquen ingresos contemplados en el Presupuesto General del Estado.
Fuente de la imagen: TVN Noticias
El 10 de octubre de 2018, el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Carlos Motta, presentó el proyecto de ley 715 con el objetivo de anular la Ley 2 del 10 de febrero de 2015. En primer debate de la ley, los diputados que forman parte de la Comisión de Comercio rechazaron el proyecto.
Fuente de la imagen: Crítica